viernes, 4 de marzo de 2011

 
Consecuencias de la responsabilidad asumida en fancesa sin medir las consecuencias

Consecuencias de la responsabilidad asumida en fancesa sin medir las consecuencias

Armando Cardozo S.

Promulgado el Decreto Supremo 616 el 1° de septiembre del 2010, por el que con el eufemismo de “recuperación a favor de los ciudadanos Chuquisaqueños” se expropiaron las acciones de SOBOCE a favor de la Gobernación de Chuquisaca, sus autoridades con algarabía y entusiasmo ocuparon los espacios dejados por los anteriores accionistas, sin dimensionar las acciones que debían realizar en forma inmediata, mucho menos los plazos legales señalados por esa norma; es decir que no midieron las consecuencias de la responsabilidad que asumieron.
El artículo 4º del decreto mencionado, cuyo título o “nomen iuris” precisamente es: “Pago de las Acciones”, dispone que el pago por el valor de esas acciones debía ser cancelado por la Gobernación en un plazo de 180 días a partir de la publicación de esa disposición legal, lo que significa que el pago debió realizarse el 28 de febrero del 2011. Ello no ha sucedido – es más – los chuquisaqueños ni siquiera sabemos cuál es el resultado de la valuación que debía realizar la Gobernación a través de una empresa independiente que debía contratar.
Si la disposición legal dice que se debe pagar en 180 días y no se cumple esa obligación, la consecuencia en derecho es caer en mora, que en el entender de todo diccionario es una tardanza en cumplir una obligación, que ante la Ley supone el reconocimiento a partir de ese momento de un interés legal – hoy se halla establecido en el 6% anual por las normas del Código Civil en vigencia – hasta el momento en que efectivamente se cumpla la obligación. Ello representa un monto adicional al precio de las acciones, que se origina en la demora, negligencia o inacción del funcionario público, que en esa proporción provoca un daño económico al Estado, porque la Gobernación, aún autonómica, sigue siendo Estado.
Ante esta inacción por descuido, negligencia o cualquiera que sea el motivo, según la Ley SAFCO se generan responsabilidades en diferentes grados, sea civil, penal, administrativa o ejecutiva, para quienes incumplieron lo que manda la Ley.
En el caso particular la responsabilidad civil significará que dichos funcionarios públicos deban cancelar el monto de dinero que deba cancelarse en exceso, al no haber pagado el precio justo resultante de la valuación dentro del plazo en que debía haberse realizado.
La responsabilidad ejecutiva se califica por los resultados emergentes del desempeño del servidor público, en relación a los deberes y atribuciones de su cargo, lo que puede devenir en su destitución.
La responsabilidad administrativa califica si la acción u omisión del funcionario público contraviene el ordenamiento jurídico. En este caso claramente contraviene el artículo 4º del Decreto Supremo 616, que deberá resolverse en proceso administrativo interno y debe concluir en una sanción, que pasa desde la multa hasta la destitución.
Finalmente, cuando el acto u omisión produce daño económico al Estado, la responsabilidad según la última reforma de la Ley Penal – la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley 004) – es una conducta delictiva según la modificación incorporada al artículo 224 del Código Penal; y se sanciona hasta con 8 años de privación de libertad.
Quienes asumieron la responsabilidad sobre las acciones “recuperadas” de FANCESA, sea como titulares de la Gobernación de Chuquisaca o de la factoría, por lo que vemos clara y notoriamente no midieron las consecuencias de sus actos y la responsabilidad que les corresponde.
Tampoco percibieron que al no haber actuado con la celeridad y prontitud necesarias, convencidos que por ser autoridades podían dilatar el pago el tiempo que quisieran, corren el riesgo de que al amparo de lo dispuesto por la nueva Constitución Política del Estado en vigencia sean pasibles a una Acción de Cumplimiento, que procede cuando el funcionario público incumple disposiciones legales; acción recientemente incorporada entre los recursos de defensa constitucional destinada a garantizar precisamente el cumplimiento y ejecución de una norma omitida, en el caso que analizamos el artículo 4° del Decreto Supremo N° 616.
Interpuesta la Acción de Cumplimiento, el Juez o Tribunal competente que conozca la misma debería ordenar el cumplimiento inmediato de la norma y remitir antecedentes al Ministerio Público, para que en aplicación del artículo 154 del Código Penal inicie proceso por incumplimiento de deberes, que la Ley sanciona con un mes de reclusión y hasta un máximo de un año.
Como se podrá comprender, queda claro que los funcionarios de distinto nivel en la Gobernación de Chuquisaca y en la factoría, no midieron las consecuencias de la responsabilidad que asumieron ese 1° de septiembre del 2010, que en ambiente festivo proclamaron la recuperación de unas acciones que debieron cancelar hasta el 28 de febrero del 2011.
A los ciudadanos chuquisaqueños, supuestos propietarios de las acciones y por tanto directos interesados, nos debería poner en alerta ver si el Estado hace cumplir las normas jurídicas promulgadas por el Gobierno.
Sucre, 2 de marzo del 2011.