La audiencia de juicio por el caso 24 de Mayo continuará hoy, en el salón parroquial de Padilla.

EL EX DIRIGENTE FRANZ QUISPE LOGRA SU LIBERTAD IRRESTRICTA POR UN ERROR FISCAL

Determinaciones se hacen esperar tras primera resolución en Padilla

Hoy se esperan definiciones sobre
el resto de los acusados del caso 24
de Mayo, la mayoría ex autoridades

Padilla/Henry Aira, CORREO DEL SUR

Después de que un ex dirigente universitario lograra su libertad irrestricta, por errores atribuidos a la Fiscalía, se espera que hoy el Tribunal de Sentencia de Padilla aplique la detención preventiva o ratifique las medidas sustitutivas al resto de los acusados del caso 24 de Mayo, la mayoría ex autoridades o dirigentes de Sucre.
Como estaba previsto, al promediar las 14:30 de ayer, en Padilla, capital de la provincia Tomina, se reinstaló la audiencia para tratar la solicitud del Ministerio Público, de aplicar la detención preventiva a la ex prefecta Savina Cuéllar, la ex alcaldesa Aydeé Nava, la ex constituyente Epifania Terrazas, el ex líder cívico Jhon Cava y los ex dirigentes Juan Antonio Jesús Mendoza, Franz Quispe, Álvaro Ríos, Jamill Pillco, Rodrigo Anzaldo y Juan Carlos Zambrana.


LAPSUS
La jornada alcanzó para declarar la libertad irrestricta de Franz Quispe y para que otros cuatro acusados más presentaran su defensa.
En el caso del ex dirigente universitario Quispe, los fiscales Dante Romay, Jhonny Escobar y Luis Carrión se equivocaron en pedir su detención preventiva cuando no estaba considerado en la lista de acusados para ser sometidos a la audiencia cautelar.
Esta decisión molestó a su abogado, Edson Cuqui, quien recordó que su defendido gastó dinero en su traslado y en el de sus testigos, además de otros documentos para impedir su detención.
Por esta razón, solicitó al tribunal emitir una sanción disciplinaria y el acta para procesar penalmente a los tres fiscales.
De forma más airada, hizo escuchar su reclamo Franz Quispe por la “irresponsabilidad” del Ministerio Público al haberle citado a Padilla cuando no era necesario.
El fiscal Romay reconoció ese extremo, pero aseguró que fue subsanado a tiempo y que, ahora, el universitario Franz Quispe tiene libertad para defenderse en el juicio.
“Ha habido un lapsus, pero ha sido ratificado oportunamente y se ha retirado inlimine, pero sigue en el juicio, esto por objetividad y probidad”, manifestó.


DESCARGOS
Posteriormente, los abogados Adrian Zárate, Marcelo Barrios y Luis Ayllón presentaron los descargos de sus defendidos, Antonio Jesús, Rodrigo Anzaldo, Jamil Pillco y Álvaro Ríos, al sostener que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba para desvirtuar que los acusados hubieran incumplido la detención domiciliaria y el arraigo, para pedir su detención preventiva.
Sólo presentaron los cuadernos del anterior proceso y las citaciones realizadas para las audiencias anteriores.
Los tres fiscales no tuvieron palabras para responder a las pruebas presentadas por los primeros cuatro acusados.
Al promediar las 20:00, el presidente del Tribunal de Sentencia, Ofman Padilla, determinó otorgar un cuarto intermedio hasta las 9:45 de hoy para reinstalar la audiencia y escuchar los descargos de los siguientes cuatro acusados, Aydeé Nava, Savina Cuellar, Jhon Cava y Epifania Terrazas, a través de sus abogados.

Apoyo a los procesados

El ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón, convocó ayer a su domicilio, donde cumple su detención para brindar una conferencia de prensa y expresar su respaldo y solidaridad a los acusados que están participando de una audiencia cautelar en Padilla, donde se definirá su situación jurídica.
Barrón demandó de la población de Sucre respaldo porque aparentemente la Fiscalía quiere encerrarlos en la cárcel en un acto de “injusticia”.
Agregó que están en desventaja. Por ahora deben trasladarse a Padilla para las audiencias en precarias condiciones, para defenderse de fiscales que están “ensañados” y lo único que buscan es afectar su libertad.
El alcalde de Sucre, Moisés, Torres también llegó a la casa de Barrón para expresar su respaldo a quienes en su momento defendieron los intereses de la Capital conducidos por la misma población; lo menos que se puede hacer es apoyarles para que estos procesos dejen de ser políticos, sostuvo.
Ayer, también se instaló una vigilia en puertas de la Fiscalía General precedida de una marcha de teas en protesta por la intención del Ministerio Público de llevar a la cárcel a personas que aún no fueron sentenciadas.
Más de una centenar de personas y familiares de los acusados marcharon por las calles del centro y llegaron a las puertas de la Fiscalía General para pedir justicia.
Gritaban “Uribe (refiriéndose al Fiscal General) cuidado, Calancha no se olvida” y pancartas con letras que decían “libertad para nuestros perseguidos políticos”.

APUNTES DE LA JORNADA

• El ingreso al salón parroquial estuvo controlado por policías que impidieron la entrada de quienes carecían de identificación.
• Fue notoria la presencia masiva de campesinos en la plaza principal de Padilla.
• El contingente policial está al mando del subcomandante de Chuquisaca, coronel Carlos Quiroga.

Nueva acusación contra Jhon Cava y dos personas más por un pago en demasía

En pleno proceso judicial por supuestos hechos de vejación a campesinos, el Ministerio Público agregó una acusación formal contra el ex dirigente cívico Jhon Cava. Él junto a un dirigente deportivo y un empresario están acusados por un pago en demasía que se habría efectuado durante la organización de los Juegos Bolivarianos. Aunque el monto fue devuelto por la empresa de confección de ropa deportiva y la fiscal de materia resolvió el sobreseimiento, la Fiscalía de Distrito revocó la decisión y continuó hasta llegar a la acusación.
De acuerdo al informe de la denunciante, senadora Hilda Saavedra, el pasado 4 de septiembre la fiscal de materia especializada en prevención de delitos de corrupción, Jaqueline Bustillos, presentó una acusación formal contra el entonces miembro del directorio del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos (CODEBO), Jhon Cava; el director general Mario Quinteros y el propietario de la empresa Lemar, Mario Acuña, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. El supuesto hecho que se investiga refiere al pago en demasía de Bs 225.000 del CODEBO a la industria textil LEMAR, por la confección de indumentaria deportiva con motivo de la realización de los Juegos Deportivos Bolivarianos acaecidos en la ciudad en 2009.
Según la acusación detallada por Saavedra, la cláusula quinta del contrato suscrito con la citada empresa establecía sólo un monto de Bs 1.500.000 por dicho servicio de confección. Un informe contable del 30 de abril de 2010 dio cuenta que se efectuó el pago en demasía.
El entonces director general, Mario Quinteros, explicó ayer que el “error” provino de la parte contable del CODEBO y que él fue el primero en procurar la devolución de dicho dinero. Lemar ofreció devolver el monto en ropa deportiva pero ante la insistencia terminó pagando la demasía en dos cheques remitidos a CODEBO. El dinero nunca pasó por las manos de nadie, según explicó.
Aunque el asunto fue resuelto, la senadora Saavedra había presentado una denuncia que, finalmente, no pudo ser sustentada por lo que la fiscal Bustillos resolvió el sobreseimiento para los tres imputados en los delitos de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica. No obstante, la Fiscalía de Distrito revocó la decisión para el caso del delito de enriquecimiento ilícito y el caso continuó.
“Vamos a asumir defensa, yo estuve muy comprometido con la buena organización de los Juegos Bolivarianos, no me merezco esto pero tengo la conciencia tranquila. En la gestión 2010 recibimos un informe de contabilidad en los que ellos reconocen el error de girar en demasía, a partir de eso encaucé varias reuniones y exigimos hasta que se devolvió el dinero”, concluyó Quinteros.
Las tres personas citadas fueron acusadas formalmente y ahora se espera la audiencia conclusiva.